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Medidas en relación con las personas jurídicas

El Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia económica altera determinados aspectos de la regulación de la actividad de las personas jurídicas para adaptarla a la especial situación creada por el estado de alarma.

Se establecen medidas extraordinarias -vigentes durante el periodo de alarma y sus eventuales prórrogas- aplicables a los órganos de gobierno de las personas jurídicas de derecho privado.

  • Aunque no se recoja en los estatutos, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración podrán celebrarse por videoconferencia en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes.
  • Los acuerdos podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente o cuando lo soliciten al menos, dos de los miembros del órgano.

Se suspende hasta la finalizacion del estado de alarma el plazo de 3 meses (a contar desde el cierre del ejercicio social) para formular las cuentas anuales Si a la fecha de declaración del estado de alarma ya se hubieran formulado las cuentas anuales, se entenderá prorrogado por 2 meses desde que finalice dicho estado el plazo para la verificación contable de las mismas

Esto supone un desplazamiento de todos los plazos legales, de modo que la Junta General se tendrá que reunir dentro de los 3 meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.

Además, se suspenden durante el estado de alarma diversos plazos relacionados con las sociedades mercantiles:

  • El derecho de separación de los socios
  • El plazo legal para la convocatoria de junta por sociedades en situación de disolución obligatoria
  • Se prorroga 6 meses, desde la finalización, el reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja.

Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

Por otro lado, se interrumpe el plazo fijado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal para que el deudor que se encuentre en estado de insolvencia deba solicitar la declaración de concurso. También se interrumpe la admisión judicial de solicitudes de concurso necesario.

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