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Exenciones, gastos deducibles y reducciones legales no son meros tecnicismos: bien aplicados, pueden reducir de manera apreciable la factura fiscal y cambiar sustancialmente el resultado del IRPF.

La ley define los rendimientos del trabajo como todas las contraprestaciones o utilidades, dinerarias o en especie, que deriven del trabajo personal o de la relación laboral. Esto incluye salarios, incentivos, indemnizaciones no exentas, retribuciones en especie y determinadas dietas. Sin embargo, no todo lo que recibe un trabajador de su empresa constituye rendimiento del trabajo.

Existen beneficios habituales que, cumpliendo ciertos requisitos, están exentos de gravamen. Entre los más conocidos se encuentran los vales de comida dentro de los límites legales, el cheque guardería, los seguros médicos colectivos o determinadas ayudas al transporte. Su correcta calificación evita incrementar artificialmente la base imponible y, en muchos casos, explica por qué dos nóminas aparentemente similares tributan de forma distinta.

Una vez identificado el rendimiento íntegro, la ley permite minorarlo mediante una lista cerrada de gastos deducibles. Es en este punto donde con frecuencia se desaprovechan oportunidades fiscales. Y es que, son deducibles, entre otros, las cotizaciones a la Seguridad Social, las cuotas sindicales, las aportaciones a colegios profesionales obligatorios y los gastos de defensa jurídica derivados de litigios con la empresa, con un máximo de 300 euros anuales. Esto último incluye, por ejemplo, los honorarios del abogado que intervino en un despido.

Además, el importe final a declarar puede reducirse aún más si concurren determinadas circunstancias personales o laborales. Existen reducciones específicas para quienes prolongan su actividad laboral pese a una situación de incapacidad, para quienes aceptan un empleo que exige cambiar de provincia de residencia o para rendimientos generados en un período superior a dos años o calificados como irregulares. Estas reducciones no son automáticas y, si no se aplican correctamente, el contribuyente puede acabar pagando más de lo debido.

El borrador constituye un punto de partida, pero no siempre incorpora todas las alternativas legales favorables al contribuyente. La correcta calificación de las percepciones, junto con la deducción de los gastos legalmente previstos y la aplicación de las reducciones correspondientes, puede marcar diferencias relevantes en la cuota a ingresar.