La nueva normativa sobre jubilación parcial y contrato de relevo (abril 2025)
Desde el 1 de abril de 2025 se aplica un nuevo marco regulador para la jubilación parcial y el contrato de relevo, aprobado mediante el Real Decreto-ley 11/2024. Esta actualización persigue optimizar la transición hacia la jubilación completa, garantizar el relevo generacional en las plantillas y reforzar la estabilidad laboral.
Una de las principales novedades es que se amplía el periodo en que se puede anticipar la jubilación parcial. Ahora se permite acceder hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación, siempre que se acrediten al menos 33 años de cotización, o 25 si se tiene una discapacidad igual o superior al 33 %. Antes, solo se podía adelantar hasta dos años.
Otra modificación importante es la obligatoriedad del contrato de relevo indefinido a jornada completa cuando la jubilación parcial se produce antes de la edad ordinaria. La empresa deberá mantener al trabajador relevista, al menos, durante dos años después de que finalice la jubilación parcial del trabajador sustituido. En caso de que el relevista cause baja antes de tiempo, la empresa está obligada a contratar a otro trabajador en condiciones idénticas o, en su defecto, reintegrar la pensión que corresponda.
En cuanto a la reducción de jornada, durante el primer año de la jubilación parcial podrá oscilar entre el 20 % y el 33 %, y a partir del segundo año entre el 25 % y el 75 %. Aquellos que hayan alcanzado la edad ordinaria de jubilación podrán acogerse a la jubilación parcial sin necesidad de que exista un contrato de relevo, manteniendo la reducción de jornada entre el 25% y el 75%.
Esta reforma busca modernizar la relación entre trabajo y pensión, fomentando la compatibilidad para aquellos trabajadores que deseen seguir activos parcialmente. Además, al reforzar la figura del contrato de relevo, se pretende garantizar una mayor estabilidad en el empleo, facilitar la entrada de jóvenes al mercado laboral y asegurar la continuidad de la actividad productiva.
En definitiva, estos cambios suponen una apuesta por la flexibilidad, la protección de los derechos de los trabajadores y el impulso del empleo de calidad
