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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre una cuestión clave para la fiscalidad internacional: la sujeción al IVA de los ajustes intragrupo derivados de precios de transferencia. El caso, que enfrenta a una matriz belga y su filial rumana, pone de relieve la complejidad de las operaciones entre empresas vinculadas y la creciente exigencia de las autoridades tributarias europeas.

La matriz prestaba a su filial servicios comerciales y de gestión —desde estrategia hasta financiación y control de calidad—, asumiendo los principales riesgos económicos. La remuneración se fijaba contractualmente en función del margen neto operativo, con un rango objetivo. Si la filial superaba el margen máximo, la matriz emitía una factura de regularización; si quedaba por debajo, era la filial quien facturaba. En el caso concreto, la filial superó el margen, por lo que fue la matriz quién facturó a su filial.

Sin embargo, la Administración rumana, tras inspección, denegó la deducción del IVA a la filial, alegando falta de prueba sobre la realidad y afectación de los servicios. El litigio llegó al TJUE, que debía responder a dos cuestiones: si estos ajustes constituyen una prestación de servicios a título oneroso y si basta la factura como prueba para deducir el impuesto.

El TJUE ha sido claro: la remuneración intragrupo calculada según el método del margen neto operativo constituye la contrapartida de una prestación de servicios a título oneroso, y por tanto sujeta a IVA, siempre que exista un vínculo directo entre el servicio y el pago, y una relación jurídica con prestaciones recíprocas. Es irrelevante que el importe sea variable o se determine a posteriori, siempre que esté basado en criterios objetivos.

Además, el Tribunal avala que las autoridades fiscales exijan pruebas adicionales más allá de la factura, siempre que sean necesarias y proporcionadas. No obstante, recuerda que no puede negarse la deducción solo por defectos formales si la información material es suficiente.

Este pronunciamiento refuerza la seguridad jurídica, pero también exige a las empresas una documentación exhaustiva y rigurosa en sus operaciones intragrupo. La fiscalidad internacional, lejos de simplificarse, sigue exigiendo máxima transparencia y diligencia a los contribuyentes