La desconexión digital, una obligación empresarial con impacto real en la gestión de personas
El derecho a la desconexión digital se consolida como una obligación empresarial real y exigible, tal y como recuerda una reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El tribunal ha condenado a una empresa a indemnizar con 1.500 euros a una trabajadora por el envío reiterado de correos electrónicos fuera de su jornada laboral y durante una situación de incapacidad temporal.
La resolución es clara al señalar que este derecho no se cumple simplemente permitiendo que la persona trabajadora no responda a los mensajes. La desconexión digital implica un deber activo de la empresa de abstenerse de realizar comunicaciones laborales fuera del tiempo de trabajo, salvo que exista una causa justificada. De lo contrario, se vulnera un derecho reconocido legalmente.
El TSXG subraya además que, en este caso concreto, el derecho a la desconexión digital está directamente vinculado al derecho fundamental a la integridad moral. La trabajadora se encontraba de baja médica por un trastorno de ansiedad, lo que agrava la conducta empresarial. Durante una incapacidad temporal, el contrato de trabajo está suspendido y la empresa debe evitar cualquier actuación que genere presión, intranquilidad o sensación de disponibilidad permanente.
El tribunal reprocha a la empresa no haber acreditado la necesidad de las comunicaciones ni haber adoptado medidas técnicas para evitarlas, como la desactivación temporal del correo corporativo o la exclusión de la trabajadora de determinadas comunicaciones internas.
Desde la perspectiva empresarial, esta sentencia refuerza una idea clave: la desconexión digital no es solo una buena práctica organizativa, sino una exigencia legal cuyo incumplimiento puede dar lugar a indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales. Contar con políticas internas claras, formar a los equipos directivos y establecer medidas técnicas adecuadas resulta esencial para reducir riesgos legales y proteger la salud de las personas trabajadoras.
La sentencia no es firme, pero marca una línea jurisprudencial que conviene tener muy presente.
