Medidas urgentes
El BOE del 23 de diciembre contiene una andanada de tres decretos-leyes promulgados, ya se sabe, por razones de extraordinaria y urgente necesidad. Al margen de los dedicados a seguridad social e impuesto sobre entidades financieras nos centramos en un repaso de urgencia a los temas más llamativos tratados en el numerado 9/2024.
El primer aspecto llamativo es la prórroga de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas en sociedades adoptada en 2020. Hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026 no se tomarán en consideración, a estos efectos, las pérdidas de 2020 y2021.
En el ámbito del IRPF:
- Se eleva a 2.500 el limite del segundo pagados a efectos de la obligación de declarar.
- Se prorroga la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas
- Otro tanto sucede con la deducción por adquisición de vehículos híbridos enchufables e instalación de puntos de recarga.
- Quedan prorrogados para 2025 los límites de Estimación Objetiva (250.000 euros) y régimen simplificado en IVA
- Se extiende a 2024 la aplicación del 1,1 % para calcular la imputación de rentas inmobiliarias en el caso de valores revisados después de 01/01/2012
Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, se prorroga la libertad de amortización de instalaciones para generación y autoconsumo de energías renovables.
En materia de Seguridad Social y empleo se aborda la revalorización de pensiones en un 2,8 % fijando un límite máximo de 3.267,60 euros mensuales.
Por su parte las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social se incrementarán de forma automática en el mismo porcentaje que lo haga al SMI, cuyo importe, provisionalmente se prorroga. Las bases máximas se fijarán en relación con el incremento previsto para las pensiones.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional se fija en un 0,80 % (0,67 empresa y 0,13 trabajador, cuando proceda)
Se completa la norma con una prolija serie de medidas relativas al transporte público, y otras en materia de viviendas y apoyo a colectivos vulnerables y compensación por incautación de inmuebles al PNV así como la regulación de la interrupción de servicios de la sociedad de la información.
