Arrendamiento de inmuebles y actividad económica

El Supremo decidirá si basta con tener un empleado a jornada completa para que el alquiler sea actividad económica

El Tribunal Supremo deberá aclarar si el cumplimiento del requisito previsto en la Ley del IRPF es suficiente para considerar el arrendamiento de inmuebles como actividad económica o si Hacienda puede exigir, además, que los medios utilizados estén justificados por una carga de trabajo suficiente.

El TS tramita un recurso de casación especialmente relevante para propietarios, comunidades de bienes y estructuras patrimoniales dedicadas al alquiler de inmuebles.

La controversia gira en torno al artículo 27.2 de la Ley del IRPF, que exige una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. En el supuesto analizado, una comunidad de bienes dedicada al arrendamiento disponía de un empleado con contrato laboral a jornada completa. Sin embargo, la Inspección consideró que la carga de trabajo era reducida, por tratarse de un único inmueble alquilado a largo plazo, y negó que existiera una verdadera actividad económica.

¿Basta con cumplir los requisitos legales?

Esta es la cuestión que deberá resolver el TS: determinar si el requisito establecido legalmente funciona como un auténtico “puerto seguro”, de manera que su cumplimiento sea suficiente para calificar el arrendamiento como actividad económica, sin que la Administración pueda exigir adicionalmente que se justifique la necesidad económica de esa estructura.

Existe un precedente favorable. Una sentencia del TS de julio de 2025 declaró, en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que basta con acreditar los requisitos del artículo 27.2 LIRPF, sin necesidad de justificar económicamente la contratación del empleado. Ahora deberá decidir si ese criterio resulta trasladable al propio IRPF.

La futura sentencia tendrá importantes consecuencias prácticas. Si prevalece la interpretación favorable al contribuyente, se reforzará la seguridad jurídica y se limitará la posibilidad de que la Inspección cuestione la proporcionalidad de los medios empleados. Además, la consideración del arrendamiento como actividad económica tiene beneficios fiscales en los Impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones.

El Supremo también deberá pronunciarse sobre la exclusión de sanciones cuando el contribuyente haya seguido una interpretación razonable de la norma.  

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