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Primer paso en la reforma de las pensiones.

Según el ordenador que todo lo sabe, un esquema de Ponzi es una forma de estafa que paga utilidades a los inversores anteriores con fondos recibidos de los más recientes. Estos esquemas piramidales solo funcionan si reciben un flujo razonablemente creciente de nuevos aportantes.

El sistema de pensiones español es un sistema de reparto, es decir, un sistema en el que las prestaciones de los beneficiarios (pensionistas) se pagan con los ingresos recibidos de los cotizantes en activo

La semejanza es alarmante; la diferencia fundamental es que, en el caso de las pensiones, la entrada de nuevos inversores es obligatoria para todo el que pretenda trabajar y que en último extremo se supone que el sistema cuenta con la garantía del Estado.

No obstante, es indudable que la evolución de las variables demográficas (descenso de natalidad y mayor esperanza de vida) empeoran la ratio entre cotizantes (que pagan) y beneficiarios (que cobran). Tampoco ayudan las circunstancias económicas (pensiones altas en nuevos jubilados y salarios bajos en nuevos cotizantes). Menos a pagar pagando menos y más a cobrar cobrando más, comprometen la viabilidad futura del sistema.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Proyecto de Ley que supone la primera entrega de la inevitable reforma del sistema de pensiones que continuará en otoño.

En primer lugar, se establece un mecanismo que prevé que el 1 de enero de cada año se incrementen las pensiones, incluidas las del régimen de clases pasivas, de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior.

En segundo lugar, con la finalidad de retrasar la edad efectiva de jubilación se modifica la regulación de la jubilación anticipada, otorgando carácter mensual a los coeficientes que se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora.

En el caso de la jubilación demorada, se elimina la cotización por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, a partir de la edad ordinaria de jubilación, y se establecen nuevos incentivos.

Desde el lado de los ingresos la ley prevé que los Presupuestos Generales del Estado incluirán una transferencia del Estado siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Para rematar, en el plazo de seis meses se presentará un proyecto de ley para la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social ¿Les suena?

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